¿Cuánto hemos avanzado hacia una atención en salud mental que respete los derechos y permita a las personas vivir en comunidad? Desde De-Mentes, en colaboración con MásQueBipolar, presentamos nuestra más reciente investigación: El derecho a vivir en comunidad: Avances y retrocesos en el camino hacia la desinstitucionalización en el Perú. Este estudio analiza los avances, las brechas y los riesgos de retroceso en la transformación del modelo de atención en el país.

Imagen: Ministerio de Salud del Perú

A través de la revisión documental y de testimonios de personas con experiencia de institucionalización, este informe examina la distancia entre los compromisos asumidos por el Estado peruano y lo que ocurre en la práctica, desde un enfoque de derechos humanos.

Si bien el Perú ha avanzado en el desarrollo de servicios comunitarios de salud mental, persisten barreras que dificultan el ejercicio del derecho a vivir en comunidad. La fragmentación del sistema de salud, las limitaciones para asegurar la continuidad de la atención, los vacíos de información pública y la falta de articulación de los apoyos comunitarios son algunos de los principales desafíos.

A ello se suman las experiencias compartidas por las personas entrevistadas, cuyos testimonios evidencian abusos, restricciones a la autonomía y prácticas coercitivas durante sus internamientos. Estas prácticas vulneran derechos y pueden profundizar el sufrimiento y el malestar emocional, en lugar de contribuir a la recuperación y la inclusión social.

Ampliar los servicios comunitarios es fundamental, pero no es suficiente por sí solo para garantizar la desinstitucionalización. La transformación también requiere cambiar las prácticas de atención, respetar las decisiones de las personas y asegurar los apoyos que necesitan para construir sus proyectos de vida y participar plenamente en sus comunidades.

Frente a este escenario, nuestra publicación plantea recomendaciones dirigidas a las autoridades y entidades públicas responsables de la política de salud mental, el Poder Legislativo, la sociedad civil y la ciudadanía. Su propósito es contribuir al fortalecimiento del modelo comunitario, prevenir vulneraciones de derechos y garantizar la participación de las personas con experiencia vivida en las decisiones que les afectan.