La salud mental es un componente esencial del bienestar y del desarrollo sostenible. Sin embargo, en el Perú, persisten brechas en su financiamiento público. Desde De-Mentes, presentamos un nuevo informe de investigación que analiza las brechas en el financiamiento público de la salud mental y evidencia los desafíos estructurales que persisten en la implementación del modelo de atención comunitaria.
Aunque el presupuesto en salud mental se ha duplicado entre 2019 y 2025, la asignación presupuestal continúa siendo limitada y sigue estando muy por debajo de lo recomendado internacionalmente. El gasto público en salud mental en el Perú apenas supera el 2% del presupuesto del sector salud, a pesar de que organismos internacionales recomiendan una inversión del 5% al 10%. Esta subinversión repercute directamente en la cobertura, calidad y equidad de los servicios, y afecta especialmente a las comunidades más vulnerables.
Además, el análisis muestra una preocupante desconexión entre lo que se establece en el marco normativo y las políticas nacionales, y lo que efectivamente se financia. La distribución del gasto no refleja los compromisos estatales ni se asigna de acuerdo a las prioridades establecidas: se evidencia un enfoque todavía centrado en la atención clínica individual, en desmedro de acciones clave como la promoción, prevención y rehabilitación. También se identifican disparidades regionales en el gasto per cápita y en la cobertura de atención, así como una falta de articulación intersectorial efectiva, especialmente con sectores clave como educación y trabajo.
Otro hallazgo importante del informe es que los gobiernos regionales administran cerca del 70% del presupuesto destinado a salud mental, pero no existen mecanismos eficaces para fiscalizar adecuadamente cómo se utilizan esos recursos. Esta falta de supervisión y seguimiento impide tener una visión clara del impacto real de la inversión pública y limita la posibilidad de corregir ineficiencias o desigualdades en la ejecución del gasto. A ello se suma la necesidad urgente de fortalecer las capacidades técnicas y la transparencia en la gestión en el ámbito regional, fundamental para garantizar una atención descentralizada y equitativa.
Nuestra investigación concluye que, pese a los avances normativos, el financiamiento público actual sigue sin reflejar las prioridades de la reforma. Urge redirigir el presupuesto hacia un modelo comunitario sostenible y equitativo, priorizando la salud pública e incorporando mecanismos de medición del gasto intersectorial.
Este informe busca aportar evidencia concreta para el diálogo entre actores clave del Estado, la sociedad civil y la ciudadanía. Cerrar la brecha entre el discurso y la inversión es una tarea urgente y colectiva. Desde De-Mentes, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando un enfoque de salud mental integral, comunitario y #LibreDeEstigma.
Deja tu comentario